05 de mayo 2019 , 11:04 p.m.

Los últimos sucesos en el Catatumbo y en Pacífico encienden todas las alarmas.

Cuando el Estado se alía con criminales para derrotar a otros criminales, no solo se degrada ética y políticamente sino que, además, desciende al mismo nivel de los asesinos y deja el país sumido en un baño de sangre.

Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando algunos agentes del Estado, sintiéndose incapaces de derrotar a Pablo Escobar, aceptaron una alianza tenebrosa con el cartel de Cali, lo que derivó en magnicidios como el de Galán, narcofinanciación de campañas presidenciales, parlamentarias y locales e infiltración de la justicia y los cuerpos de seguridad.

Y fue también lo que sucedió cuando agentes de la política y miembros de la Fuerza Pública creyeron que no podían derrotar a las Farc ni al Eln usando la fuerza legítima del Estado y optaron por impulsar y patrocinar ese monstruo sanguinario y cruel del paramilitarismo. 

En los dos casos, mientras aumentaban las furias colectivas contra Pablo Escobar y contra las Farc, que bien merecido se lo tenían, fuera de reflectores y apoyados en la debilidad del Estado que se había convertido en su socio a través de algunos agentes, se multiplicaba el poder asesino, mafioso y corruptor del cartel de Cali y del paramilitarismo.

Que el remedio resultó peor que la enfermedad, solían decir las abuelas para describir aquellas situaciones en las que la pretendida solución, lejos de resolver el problema, lo agrandaba. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Y esta tragedia no se limita a las alianzas. Se extiende también a los métodos.

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