16 de septiembre 2018 , 11:35 p.m.

Lo deseable es que el fallo sirva para valorar el esfuerzo de quienes integran la Policía Nacional.

De manera cruel y contraria al ordenamiento jurídico, cometieron un abuso contra miles de policías al aumentarles, mediante un decreto, en cinco años el tiempo de servicio para acceder a su asignación de retiro. Y no fue un error inocente. La expedición del artículo 2 del decreto 1858 de 2012, que acaba de tumbar el Consejo de Estado, fue un acto deliberado y voluntario del gobierno Santos a sabiendas de su flagrante ilegalidad.

Así lo advertí en múltiples debates, audiencias y foros en defensa de los policías a quienes, incluso, alguno de sus propios directores abandonaron a su suerte, con tal de hacer méritos de silencio con el Presidente para que los ascendieran en tiempo relámpago, con estrellas manchadas de oportunismo e insolidaridad con su propia tropa y olvidando que un patrullero puede demorarse hasta 14 años para obtener su primer ascenso.

¡Cuántas mentiras dijeron desde la dirección de la Policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda para burlarse de estos hombres y mujeres humildes, luchadores, sacrificados y valientes, que se visten con los uniformes de la patria para defendernos a todos! ¡Cuánta mezquindad con ellos!

En una juiciosa sentencia recién adoptada, fechada el 3 de septiembre, emanada del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, consejero ponente César Palomino Cortés, discutida y aprobada por la sala compuesta por los consejeros Sandra Lisset Ibarra Vélez y Carmelo Perdomo Cuéter, esta infamia llega a su fin.

La sentencia es diáfana y contundente. “El Gobierno Nacional desconoció y violentó los límites materiales previstos para la asignación de retiro de la Fuerza Pública, excediéndose de contera en el ejercicio de la potestad reglamentaria ampliada”.

Y sigue. Tal exceso ocurrió cuando “osó modificar el contenido de la Ley Marco, pasando por alto el hecho reiteradamente normado de que las disposiciones reglamentarias deben estar subordinadas a la respectiva ley y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecución de ella”.

Y la sentencia no ahorra palabras a la hora de describir la norma que acaba de tumbar en su reprochable propósito de aumentar hasta 20 y 25 años las exigencias de tiempo para gozar de la asignación de retiro cuando habían sido fijadas en una norma superior en 15 y 20 años. “La norma demandada se constituye en regresiva y, por tanto, vulneradora de derechos y garantías constitucionales de los trabajadores”.

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