04 de junio 2018 , 12:26 a.m.

Ofende al país que autoricen viajes de turismo a terroristas condenados.

Es una afrenta que produce indignación y dolor. Es una nueva cachetada a las víctimas de las Farc que aún esperan la reparación. Es francamente vergonzoso que mientras el ladrón de dos libras de arroz que pretendía evitar que sus pequeños hijos aguantaran hambre se pudre en condiciones infrahumanas en una miserable cárcel colombiana, hacinada y pestilente, el autor de la masacre del club El Nogal salga de vacaciones a la isla Margarita, autorizado desparpajadamente por la JEP.

No hay derecho. Es un abuso. Es un desafío a la sociedad colombiana. Es una burla a las víctimas del club El Nogal y a todas las víctimas de las Farc. Es como si se hubieran propuesto cargar de munición eficaz a todos los que decían que la JEP era un remedo de justicia hecho a la medida de las Farc para asegurarles su impunidad.

Quien formuló las primeras denuncias que encendieron las alarmas sobre este insospechado rostro turístico del posconflicto fue el representante a la Cámara por Bogotá Samuel Hoyos, del Centro Democrático. Estas son sus palabras: “Santos –el nobel de paz– le dijo al país que teníamos que sacrificar la justicia en aras de la verdad y la paz. No tenemos ni lo uno ni lo otro. La JEP, promotora de turismo para crímenes de lesa humanidad, somete a las víctimas a una intolerable humillación”.

Salud Hernández fue más allá, haciendo gala de afilado sarcasmo ibérico: “Nadie debería criticar a la JEP por cumplir la misión para la que fue creada: encubrir a las Farc y colaborarles en lo que pidan. Que el asesino Arellán se va de paseo a isla Margarita, estupendo. Lo merece. Matar cansa y masacrar decenas cansa más”.

En honor a la verdad, estoy seguro de que muchos magistrados respetables de la JEP, empezando por su presidenta, estarán en desacuerdo con estas decisiones que los pueden manchar a todos como corporación.

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