30 de abril 2018 , 12:42 a.m.

Órganos de control y ciudadanía deben hacer veeduría de platas y gastos de campañas.

Son de vértigo las rectas finales de las campañas presidenciales. Los candidatos se desesperan, los controles se relajan, los requerimientos de plata aumentan, los líderes acosan y el tiempo se agota. Entre las últimas semanas de primera vuelta y la segunda vuelta se han metido las platas de los narcos del cartel de Cali, las de Odebrecht, y se han valorizado para luego pasar factura en los gobiernos venideros toda suerte de contratistas criminales, políticos indeseables y extorsionistas profesionales.

Los candidatos se vuelven vulnerables, saben que cada voto cuenta y cada voto cuesta. Con las arcas raspadas, siempre reciben con angustia los reportes apocalípticos sobre las boyantes tesorerías de sus rivales. Sean ciertas o no esas percepciones, las campañas viven con el fantasma de adversarios que están comprando votos o consiguiendo apoyos con dineros “que no se sabe de dónde vienen”.

Y el oportunismo reina. Los donantes-inversores huelen las afugias y saben cómo merodear en las campañas para infiltrar sus platas manchadas. Y los que tienen designios político-criminales, con dineros locales o extranjeros, saben también en qué momento abrir el chorro. El problema de fondo es que cuando ya casi están los tarjetones a la vista, las campañas se convierten no en un espacio de colaboración y apoyo, sino en un objeto de inversión para ser redimida con cuantiosos rendimientos económicos y políticos en el gobierno por venir.

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