15 de noviembre 2020 , 09:44 p. m.


Hasta fichas de la policía secreta de Maduro podrían votar en Colombia.


Con la misma vehemencia con la que me opuse en el gobierno anterior, me opongo hoy a que se elimine la ley de garantías, que pretende contener en algo la desvergonzada intervención de alcaldes y gobernadores (¿y del Gobierno Nacional?) en las elecciones.

De un plumazo, el Gobierno Nacional estaría borrando muchos de sus esfuerzos para garantizar la transparencia electoral si acepta y promueve que su coalición impulse un carnaval de contrataciones y pagos, en vísperas de elecciones, que enrarecería aún más el clima de garantías que deberían rodear las próximas elecciones.

Es francamente carreta que la ley de garantías afecta la reactivación económica. Si hay una adecuada planeación, los recursos se pueden ejecutar ordenadamente y sin sobresaltos, evitando que entren en la repartija politiquera. Presentar como sustento ese argumento falaz equivale a notificar de antemano que se renuncia a un manejo planificado y transparente del gasto público para andar corriendo con tarjetones a la vista en la feria de los contratos.

Juan Manuel Santos causó un daño enorme a la transparencia electoral con todas las maturrangas urdidas sobre la marcha para que se aprobara el referendo que, a pesar de todo, perdió en el voto popular. Y luego, las mayorías parlamentarias manipuladas por el Gobierno, y posteriormente la Corte, extraviada circunstancialmente de su rol tutelar, escribieron una de las páginas más tristes de la vida política colombiana al protocolizar la usurpación de las facultades del pueblo soberano y el raponeo de la atribución refrendatoria de los acuerdos de paz.

Leer más

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment