02 de junio 2019 , 10:14 p.m.

Caos en la implementación de los acuerdos debe ser superado con gerencia eficaz.

Pocos errores más costosos para Colombia que aquellos asociados con el abandono y la falta de gerencia a los que sometieron al final del gobierno Santos los acuerdos de paz, que ellos mismos habían firmado. No obstante los esfuerzos juiciosos de Rafael Pardo, que por diversas circunstancias no tuvieron acompañamiento, el posconflicto debutó con una maraña burocrática de consejerías, altas consejerías, gerencias, agencias y etcéteras clientelistas que se preocuparon más por la buena salud política de los aliados que por la implementación de los acuerdos.

El primer efecto, catastrófico, fue el del abandono de muchos de los territorios que estaban dejando las Farc en manos de una galería de organizaciones armadas que llegaron primero que el Estado a hacer valer su fuerza criminal. A los pobladores de esos territorios de nada les sirvieron los acuerdos, pues se fueron unos agentes armados que los habían intimidado, que habían reclutado a sus niños y violado a sus niñas, y llegaron otros que hacen exactamente lo mismo.

Hacía falta una torre de control que organizara e hiciera eficaz la presencia estatal en esos territorios, no solo desde una perspectiva militar, sino desde un compromiso social e institucional. Brillaba por su ausencia. No fueron solo las reiteradas críticas uribistas las que pusieron de manifiesto esta situación. Los juiciosos trabajos de seguimiento que han venido adelantando desde la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia y Ariel Ávila así lo documentaron.

Hoy, algunos acusan al presidente Duque de haber abandonado los acuerdos y tratar de sabotearlos. La evidencia institucional indica que esa acusación no corresponde a la realidad. Quien se puso al frente de la gerencia para que el Estado pueda honrar los compromisos que se derivaron de esos acuerdos convalidados a pupitrazos parlamentarios, a pesar de los inmensos costos y las restricciones presupuestales, fue el gobierno Duque. El postulado es sencillo: se deben honrar todas las obligaciones con quienes estén desmovilizados cumpliendo de buena fe los acuerdos.

Así queda recogido en los documentos que acaba de hacer públicos el consejero Emilio J. Archila, en quien se concentraron las funciones que estaban dispersas entre la Consejería para el Posconflicto, los comisionados, Vicepresidencia, Minhacienda y a quien reportan hoy las agencias presidenciales para la reincorporación y la renovación del territorio. Adicionalmente, Archila es el vocero del Gobierno en el CRN, en la CSIVI, está en las juntas directivas de la Agencia de Tierras, de Desarrollo Rural del Igac y preside la mesa técnica de seguridad, la alta instancia de género y la junta estratégica de direccionamiento.

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