30 de junio 2019 , 11:35 p.m.

Llegó la hora de meter en cintura a los infames deudores de alimentos.

Pocas conductas más despreciables que la de tener dinero y no pagar las cuotas alimentarias de los hijos menores de edad. Que un menor de edad aguante hambre y pase dificultades teniendo su padre (o su madre) recursos suficientes para evitarlo es, simplemente, una infamia.

Hasta este momento, buena parte de la impunidad de los deudores morosos de alimentos se generaba por la condición de anonimato de la que disfrutaban estos canallas. Podían burlar la obligación de pagar las cuotas alimentarias y, orondos, contratar con el Estado, representar empresas que remuneraban con gruesas sumas sus servicios u ocupar pomposos y bien pagados cargos públicos mientras sus pequeños hijos se quedaban viendo un chispero.

También podían estos desalmados enajenar sus bienes en operaciones reales o simuladas, declararse ilíquidos mediante maniobras fraudulentas, encontrar testaferros para traspasar sus bienes o, simplemente, en algunos casos de adicciones a drogas, licores, juegos, apuestas, ruletas y dados, dilapidar su patrimonio y dejar a sus menores completamente desprotegidos y sin las cuotas alimentarias.

Como estaban las cosas hasta ahora, estaban por delante la rumba y los vicios que la protección de las cuotas alimentarias, y la maraña normativa protegía más al canalla denegador de sus obligaciones con los hijos menores que a los propios menores. Era otro ejemplo más del incumplimiento del principio constitucional de prevalencia del interés superior de los niños y las niñas.

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