12 de octubre 2020 , 01:06 a. m.

Lo peor del proyecto no son los costos sino la desconexión que refleja entre congresistas y el país.

Más que equivocado, el proyecto para seguir agrandando el Congreso es ofensivo y desafiante con una ciudadanía a la que agobian con impuestos y está desesperada con la corrupción, la burocracia y la politiquería. Francamente genera indignación.

Que en medio de semejante crisis económica, de empleo y de institucionalidad, un proyecto de estos saque suficientes votos en comisión para avanzar a la plenaria revela una profunda desconexión entre muchos congresistas y el país nacional que no quiere que de nuestro bolsillo se tengan que seguir pagando sumas multimillonarias para complacer a la clase política.

Los costos son muy elevados. El salario mensual de un congresista es de 32’741.000 pesos, lo que arroja un costo mensual aproximado de 392 millones y 4.714 millones al año, sin contar los otros beneficios y derechos laborales que se desprenden de la modalidad salarial, es decir, el llamado factor prestacional, lo que de entrada desborda los 5.300 millones anuales.

A esto se le deben sumar los costos de sus asesores. Cada uno tiene derecho a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que vale más de 43 millones mensuales, es decir, 526 millones de pesos al año, para un total superior a los 6.300 millones, más el factor prestacional. Ahí ya vamos alrededor de los 13.000 millones anuales.

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