30 de mayo 2021 , 11:18 p. m.


Urge un acuerdo nacional para rechazar el vandalismo y acelerar el avance de los proyectos sociales.


Protestar y marchar pacíficamente es legal. Bloquear las vías y montar barricadas es ilegal. Cuando las autoridades garantizan el derecho a la protesta, honran la Constitución y las leyes, y las violan cuando toleran el bloqueo de vías o la destrucción de bienes públicos y privados. Así de claro.

Las protestas masivas de los últimos días reflejan la profundidad de los desajustes del sistema y revelan la necesidad y urgencia de profundizar en diálogos constructivos incluyentes, así como en las estrategias y proyectos sociales orientados a restablecer la equidad perdida. Los actos vandálicos en las noches de terror, por el contrario, reflejan la infiltración de sujetos y organizaciones criminales que violan las leyes y los derechos de la ciudadanía.

En la gritería nacional se equivocan los que tachan de mamertos, guerrilleros o comunistas a quienes, como yo, pedimos un diálogo social extendido, reclamamos mayor eficacia del aparato social del Estado y apoyamos transformaciones sociales profundas. Y se equivocan los que desde otro extremo tachan de paracos, fachos o asesinos a quienes, como yo, pedimos que se enfrenten el vandalismo, los saqueos y los bloqueos criminales, con toda la contundencia derivada de las herramientas propias del Estado de derecho. De entrada, deberíamos rechazar todos los discursos de odio y a sus instigadores.

Esta anarquía, estos incendios de casas de gobierno y palacios de justicia, estas jornadas de horror, esta destrucción del aparato productivo, esta parálisis de la economía tiene que detenerse. Y no para sepultar el diálogo social y la definición de proyectos de equidad, sino, muy por el contrario, para hacerlos posibles. Porque en medio de la criminalidad vandálica cualquier progreso social se esfuma, se hace inviable.

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