27 de octubre 2019 , 07:31 p.m.

Balance agridulce en una democracia amenazada.

Más allá de lo ocurrido en Bogotá, Cali y Medellín, que copan casi todo el espectro mediático nacional y dejan ver interesantes procesos deliberativos, campañas con propuestas estudiadas, candidatos de mucho peso y participación ciudadana ilustrada, lo que ocurrió en el resto del país, con excepciones notables, debe prender todas las alarmas cívicas, políticas, de seguridad, de control fiscal y éticas del país.

El retroceso democrático es escalofriante. La corrupción se incuba en las campañas, y se profundizó por la crisis de los partidos, la anarquía de coavales, la disputa a sangre y fuego de territorios y elecciones locales por grupos criminales, la violencia electoral, la indebida manipulación de muchas candidaturas por firmas, la resurrección de clanes y estructuras corruptas, los costos desbordados de las campañas, la trashumancia desenfrenada, la intervención desvergonzada de centenares de alcaldes y gobernadores para impulsar a sus sucesores y la ausencia de reportes financieros de los candidatos a las autoridades, entre otros factores.

El Gobierno Nacional de buena fe hizo lo que pudo. Impulsó la pedagogía electoral, estimuló las plataformas y los grupos de control y denuncia, lideró la acción de la Fuerza Pública para garantizar una jornada pacífica. La ministra del Interior y el Presidente de la república brindaron todas las garantías democráticas que estaban a su alcance y demostraron equilibrio político, alejados de cualquier favorecimiento partidista. El Gobierno, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela o Nicaragua o Bolivia, no fue el problema. El problema es el sistema político.

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