17 de abril 2022 , 11:11 p. m.
En boca de algunos delincuentes, ‘perdón social’ significa impunidad.
Pocos seres más despreciables, crueles y perversos que aquellos que, valiéndose de un cargo importante, se roban el dinero de los ciudadanos. Su codicia, en la práctica, equivale a arrancarles los bocados de la boca a niños pobres hambrientos o a condenar a miles de adolescentes a la falta de internet, lo que implica acceso limitado a la educación, a la información y al mercado laboral, reproduciendo de manera infame en una y otra generación la maldición de la exclusión y la pobreza.
Un senador corrupto, un alcalde corrupto, un gobernador corrupto, voraz, codicioso, es capaz de mantener veredas incomunicadas en las que los campesinos deben aguantar hambre porque no tienen cómo sacar sus productos, mientras el alto funcionario se roba la plata de las vías.
Según lo confirma el fiscal general, Francisco Barbosa, en columna publicada el domingo en este mismo diario, hay 157 imputaciones por covid-19, es decir, por aprovecharse de la angustia, el sufrimiento y el dolor que generó la pandemia, para robarse la plata de los presupuestos públicos. ¡Canallas de la peor calaña!
Ciento cincuenta y siete imputaciones dejan claro que no es un fenómeno aislado. Que no fueron unas pocas manzanas podridas. Queda en evidencia que es un problema sistémico, una plaga que se extiende a lo largo y ancho de nuestra geografía, y así lo ratifica el mismo Fiscal al señalar que dentro de las acciones contra los aforados han logrado imputar a 35 exgobernadores, 35 alcaldes, 7 gobernadores actuales y varios concejales.
