31 de octubre 2021 , 09:09 p. m.


Si sigue la impunidad se deberá modificar la JEP.

Me alegra mucho por Colombia que gracias a una buena labor de Estado haya cesado el examen preliminar de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno, y que ya no estemos en una oprobiosa lista de países reconocidos globalmente por la precariedad de su sistema judicial.

Gran triunfo para el presidente Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el fiscal Francisco Barbosa y nuestro sistema judicial, y una derrota sensible para quienes estaban empeñados en seguirle sacando jugo político a la permanencia del país en esa lista, acusando al Gobierno de ser favorecedor de narcoparamilitares y genocidas.

Gran triunfo para la vilipendiada Justicia y Paz de los tiempos de Uribe, tan furiosamente criticada por laxa por quienes desde La Habana, Venezuela y Bogotá aplaudieron a la aún más laxa JEP, cargada de beneficios, prerrogativas, obsequios y cortesías para tenebrosos narcoguerrilleros criminales de lesa humanidad. Justicia y Paz, en efecto, ha proferido 66 sentencias y ha condenado a 560 postulados.

Gran triunfo para la controvertida JEP, que resulta, sin lugar a dudas, favorecida por el acuerdo suscrito entre el presidente Duque y el audaz fiscal Karim Khan, quien dio un respaldo contundente a la JEP en procura de blindarla institucional y presupuestalmente, a pesar de que aún no ha proferido ninguna condena en ninguno de los macrocasos abiertos y de que no ha estado prioritariamente interesada, al igual que el acuerdo firmado entre Santos y las Farc, frente a los graves crímenes de lesa humanidad referidos al reclutamiento forzado y al abuso sexual de niñas y niños a manos de miembros de las Farc.

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