19 de septiembre 2021 , 09:38 p. m.


Denunciar extorsionistas es un imperativo ético y legal.


Para que lo tengan claro, estas sesiones parlamentarias, las últimas antes de elecciones de Congreso, suelen ser las más peligrosas en términos de corrupción porque siempre hay uno o varios congresistas que, angustiados por los tarjetones o porque van a terminar sus períodos, deciden emplearse a fondo para extorsionar ministros, trancar proyectos, chantajear al Gobierno y conseguir unos cargos públicos para gente que les sume votos a ellos o les represente plata para sus arcas.

Así es la cosa. Se aprovechan de la angustia del cierre de gobierno, de los tiempos escasos, de las urgencias del Ejecutivo para acorralar a los funcionarios y secuestrar los proyectos de ley que caen en sus garras. Mientras algunos lo hacen sutilmente, otros lo hacen con desvergonzado desenfado, como si les asistiera la certeza de que ningún ministro es capaz de contarle a la opinión pública que está siendo extorsionado por un congresista.

La cosa cambiaría drásticamente si algún ministro o ministra valiente levantara su voz ante el país y mencionara, con nombres y apellidos, aquellos que han condicionado sus votos a dádivas electorales. No solo es una obligación legal y un imperativo ético, sino también una fantástica oportunidad política para demostrarle a la ciudadanía que no todos los funcionarios públicos le juegan a la corrupción y que hay gente buena, honrada y noble desempeñando los más altos cargos del Estado.

Es también un tema de elemental justicia. Por una parte, se lograría que alguien que desempeña un rol muy importante en la vida institucional colombiana encarne la indignación que a todos nos asiste por cuenta de la generalizada corrupción y, por otra parte, se lograría que un corrupto caiga y pague por un delito.

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